En un entorno altamente competitivo, una buena práctica empresarial en relación con las personas con discapacidad puede suponer un factor diferencial, incrementando la reputación y mejorando la imagen.
Una empresa responsable ha de respetar la normativa, buscando la excelencia en el cumplimiento de la misma, y haciendo propios los principios regulados. A este respecto interesa destacar, fundamentalmente, el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre – BOE 03/12/2013), sin olvidar otras normas como el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre- BOE 16/11/2011), que considera la posibilidad de primar entre los proveedores a aquellos que emplean a personas con discapacidad.